En años recientes, China ha intentado ampliar su influencia en la ONU y otras instituciones multilaterales. Fue uno de los primeros países elegidos para un mandato de tres años en el recién creado Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2006 y, posteriormente, en 2010, 2014, 2017 y 2021, fue reelegida para otros cuatro mandatos más.
China ha usado su posición en el Consejo para impulsar su agenda de “no injerencia”, presentando una falsa dicotomía entre abordar las violaciones de derechos humanos —que considera despectivamente “la estrategia de la denuncia y el descrédito”— y adoptar una postura de “diálogo y cooperación”. El país se opone cada vez más frontalmente a las resoluciones específicas de país en el Consejo y al uso de este organismo para criticar a los Estados por su historial de derechos humanos, y se ha mostrado especialmente sensible con los motivos de preocupación planteados por la situación en China.
Los esfuerzos de China por sustituir la idea de que los Estados rindan cuentas de sus violaciones por un compromiso con el “diálogo” culminaron en la aprobación por el Consejo de la resolución propuesta por China sobre “cooperación mutuamente beneficiosa”. La resolución, propuesta por primera vez en 2018, señalaba que para promover los derechos humanos debía utilizarse el diálogo constructivo, en vez de “denunciar y desacreditar” a los países por las violaciones. La rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos y el diálogo constructivo no son mutuamente excluyentes, sino interdependientes: el diálogo y la cooperación no son posibles si no se exponen a la luz los hechos.