En 1991, cuando aún estaban frescos los recuerdos de la represión de la plaza de Tiananmen, China respondió a la creciente presión del mundo exterior con la publicación de su primer “libro blanco” sobre derechos humanos, un documento de 45.000 palabras donde se exponía la visión del gobierno de que los derechos humanos en China no podían juzgarse con arreglo a las reglas y normas de otros países o regiones, además de reafirmarse que el desarrollo económico debía ser un requisito esencial para el pleno disfrute de los derechos humanos. En 1997, China firmó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ratificó en 2001, y en 1998, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (que, tras más 20 años, aún no ha ratificado). China ha publicado 11 libros blancos más sobre derechos humanos y, desde 2011, la Sociedad China de Estudios sobre Derechos Humanos publica anualmente un “libro azul” o informe sobre los derechos humanos en el país.
China modificó sus Constitución en marzo de 2004 para incluir el artículo 33.3, que establece: “El Estado respeta y protege los derechos humanos”. El cambio fue en gran medida simbólico, pues en China no existe un poder judicial independiente que pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad de una ley o una decisión gubernamental. A pesar de estas dificultades, a principios de la década de 2000 surgió un movimiento nacional de derechos civiles (维权运动, weiquan yundong), cuya punta de lanza fueron abogados y abogadas de derechos humanos que defendían los derechos de los ciudadanos y ciudadanas chinos mediante el activismo y los litigios. Los ataques contra este movimiento se incrementarían tras la llegada al poder del presidente Xi Jinping en 2012.